Por Helena Villamizar García-Herreros

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El 2 de abril la Contraloría General de la República y el Observatorio de Macroeconomía y Finanzas Públicas de la Universidad Externado realizaron un seminario sobre el gasto público en defensa y seguridad [Véase los estudios en Economía Colombiana #322]. El análisis de este tema es de suma importancia no sólo desde la perspectiva económica, - su participación en el presupuesto público, costo de oportunidad, estructura de dicho gasto -, sino además, por la dimensión política y social que tienen estas asignaciones en cuanto a su efectividad en la superación del conflicto interno.

Como afirmó Diego Otero, “en un conflicto lo primero que se pierde es la verdad”, lo que se refleja en grandes dificultades para estimar la verdadera magnitud de dicho gasto. Además del gasto militar en fuerzas armadas y policías, son muchos las erogaciones que en razón al conflicto interno están vinculados en alguna medida a la defensa y seguridad como por ejemplo en la justicia, la fiscalía, la procuraduría, la Defensoría, el Ministerio del Interior y en entidades descentralizadas.

Las distintas fuentes reveladas por los participantes en el foro registran un impresionante incremento del gasto militar. Según estudio de Luis Jorge Garay y otros, entre el 2000 y 2005 éste aumentó 78,4%. De acuerdo con la Contraloría, defensa y seguridad experimentará el mayor incremento en el gasto en el 2008 (20%), absorbiendo el 21,2% de los recursos presupuestales sin incluir el pago de deuda, lo que lo iguala a los gastos de salud, educación y saneamiento básico. Semejante dinámica en los últimos años sitúa a Colombia entre los diez países del

mundo con mayor gasto militar en el 2008 según Otero.

Igualmente otros indicadores dan cuenta del considerable aumento del gasto militar en Colombia. Con relación al PIB este ascenderá a 4,7% en el 2008 frente a un promedio de 2% entre 1950 y 1989 y de 2,8% entre 1990-98; si se incluye el gasto de entidades departamentales y municipales y de entidades como defensoría y otras ya mencionadas así como el Plan Colombia, estos gastos ascenderán al 6,3% del PIB en 2008 (Otero). Dramático resultado para una nación en desarrollo. Estas erogaciones en conjunto con el servicio de la deuda absorbieron el 49,1 del presupuesto nacional en 2007 y en el 2008 será aún mayor. “En estos dos rubros está el problema fiscal, no en los gastos de personal diferentes al militar como viene argumentándose desde hace varios años… en la solución a los problemas de la deuda y del conflicto interno se encuentran las respuestas a los problemas de las finanzas públicas y del insuficiente crecimiento económico más que en acabar entidades, privatizar empresas, expulsar funcionarios y hacer ineficiente el aparato estatal”, afirma Otero. De hecho, 81,2% del total de empleos públicos con cargo al presupuesto del gobierno central en el 2008 corresponde a defensa, seguridad y policía, y 58,4% de los sueldos y salarios del Presupuesto central al Ministerio de Defensa, según autorizadas fuentes citadas por José Fernando Isaza y Diógenes Campo.

La asignación prioritaria dada al gasto militar igualmente se evidencia en que de $ 4,5 billones de aumento del gasto en inversión del gobierno nacional, según Gloria Rueda y Germán Lambuley de la Contraloría, $ 3,5 billones se destinan a defensa y seguridad con incremento de 66% respecto al 2007.

La acelerada dinámica del gasto en defensa y seguridad, plantea muy serios interrogantes sobre su eficiencia y sostenibilidad. Más allá del triunfalismo oficial, el examen de distintos indicadores arroja resultados incómodos, empezando por la “verdad” bajo el actual conflicto, y las inconsistencias en las cifras oficiales. Según el gobierno se han desmovilizado 25.000 miembros de las AUC de 12.000 que integraban este grupo. “Esta multiplicación de los paramilitares, algunos matemáticos lo han denominado “la paradoja de Banach Tarski aplicada al paramilitarismo colombiano”, y otros como las demostración de 1=2” afirman Isaza y Campo. Por su parte, son visibles los elevadísimos costos de desmovilización lo que plantea el imperativo de cambiar la asignación del gasto hacia acciones preventivas; entre 2002-2007 4,9 soldados combatían por cada combatiente irregular; restando los desmovilizados conforme a las cifras oficiales, serían 15,5 soldados por cada guerrillero. Estos autores revelan además una elevada capacidad de recuperar combatientes por parte de la guerrilla, conforme a una ecuación simple tomada de las estadísticas oficiales; estas arrojan resultados sorprendentes: “de cada 100 subversivos retirados del conflicto, la guerrilla logró en el período 2002-2007 reclutar 84 nuevos combatientes”… lo cual implica que para lograr un retiro “en un período de 4 años, el costo económico supera los $1000-1500 millones”. Y según cifras del gasto reciente dichos costos son alucinantes en palabras de los autores: $5662 millones por cada retiro efectivo asignado sólo el 30% del gasto a la lucha contrainsurgente. Igual sucede con la ineficiencia del gasto en fumigaciones.

Otras verdades sobre el gasto militar resultan hondamente inquietantes como son las violaciones a derechos humanos, falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas, que según fuentes de reconocida seriedad citadas por Isaza impiden calificarlos como “hechos aislados”. Por lo demás las acciones judiciales que se desprenden de estos actos tienen un considerable peso para el presupuesto público que en conjunto con la “bomba pensional” del sector defensa y seguridad se añaden a la dinámica del gasto militar y plantean severos riesgos sobre la sostenibilidad de dicho gasto y para la atención de la inmensa deuda social y del desarrollo. ¡Qué decir de la amenaza que gravita sobre el presupuesto nacional al haber permitido incluir el conflicto interno dentro de las gravísimas concesiones hechas a los inversionistas estadounidenses en el TLC!

El análisis realizado en el foro enfatizó el imperativo que tiene la sociedad colombiana de hacer un cuidadoso escrutinio sobre la asignación y prioridades dadasa dicho gasto y sobre la eficiencia del mismo. A propósito, no es privatizando el Hospital militar y convirtiendo a nuestros soldados y policías en clientes del “negocio” de la salud como se superarán las evidentes ineficiencias del gasto militar.