A estas horas la cúpula de los paramilitares, repentinamente
narcotraficante pura, estará rindiendo o próxima a rendir indagatoria
en los Estados Unidos por sus exportaciones de cocaína. Los 50, 100 o
200 kilos de droga ilícita de los indictment preponderarán sobre las
montañas de cadáveres, las conexiones con los políticos corruptos, la
lesiva hendidura democrática, la depredación y el horror causados en el
país. Pero no podrá cubrirse la noche fúnebre que ha vivido Colombia
durante las últimas décadas con el manto de unos procesos judiciales
que, si importantes, no corresponden al tamaño de los crímenes de
guerra y los delitos de lesa humanidad que, acorde con los postulados
de la modernidad jurídica, han herido al mundo entero.
El golpe a la denominada Ley de Justicia y Paz, y seis años del proceso
de Ralito echados por la borda, demuestran que todo lo que la misma
administración concibió y lo acontecido durante el largo lapso podría
terminar en una frustración indecible. De repente, cuando ciertos jefes
paramilitares comenzaban a señalar fosas, a decir la verdad y ello
servía a la Corte Suprema de Justicia para sus investigaciones, los
testigos son extraditados intempestivamente, sin hacer diferencia
alguna entre quienes colaboraban con las autoridades y quienes se
mantenían al margen o habían reincidido.
Se sabía que desde el mismo comienzo del proceso algunos de ellos
buscaban contactos directos con Estados Unidos para una negociación
judicial y es lo que finalmente ha prosperado, pues podrán declararse
culpables de aquellos cargos exclusivamente referidos al narcotráfico
que allí se les imputan y cuyas sanciones podrán reducir entregando
información sobre rutas. De manera que sentencias de diez a veinte años
se verán reducidas en la negociación a cifras menores con el agravante
de que sus demás actividades serán totalmente marginales dentro del
acervo probatorio de Estados Unidos. Y cuando cumplan dichas penas ya
será irrisorio pedir su devolución a Colombia, de manera que
permanecerán en Estados Unidos, cubiertos incluso de la jurisdicción de
la Corte Penal Internacional, a la que temían verdaderamente.
Lejos, pues, está ese tipo de extradición de ser el factor disuasivo
que fue hace veinte años y que hoy, ciertamente no sirve para alejar a
la gente de caer en las tentaciones narcotraficantes, sino que, además,
pareciera evadir las consecuencias de la máquina de terror y barbarie
sembrada al alero de la cocaína. Desde luego la extradición sigue
siendo válida, pero se requiere que sirva sinceramente para mejorar el
entorno global colombiano.
Los débiles anuncios de que existen convenios con Estados Unidos para
traslado de pruebas, no satisfacen. Tales circunstancias suelen ser muy
complejas, con términos excesivamente largos y bajo el querer de uno u
otro fiscal norteamericano, dependiendo de su jurisdicción y voluntad.
Pero nos resistimos a creer que Estados Unidos podría caer en ese
juego. No se trata sólo de recurrir al expediente de que con los
dineros incautados resarcirán a las víctimas, como si ello se tratara
de un soborno para tapar la boca, sino que Colombia necesita esclarecer
la verdad para recuperar la democracia, volver por los fueros de la
dignidad y retornar al concierto de naciones civilizadas.
En cuanto a las investigaciones de la parapolítica, la Corte Suprema de
Justicia tendrá suficientes argumentos a los ojos del mundo entero no
sólo para pedir a Estados Unidos diligencia y eficacia para hacer
pronta y debida justicia sobre quienes cayeron en las alianzas
espurias, sino que por igual podrá seguir recurriendo a testigos que
hacían parte de las escoltas o los cuerpos de menor jerarquía.
Hoy creemos que el problema se ha internacionalizado de una manera más
contundente. Y en manos de demócratas y republicanos, trenzados en la
campaña electoral, se sabrá quiénes están del lado de la defensa de los
Derechos Humanos y quiénes van a permitir que en unas sentencias por
narcotráfico se sepulte todo lo que se debe a las víctimas y a la
democracia colombianas.
